Exige Acción Nacional frenar “paquetes de impunidad” para gobernadores salientes del PRI

Exige Acción Nacional frenar “paquetes de impunidad” para gobernadores salientes del PRI

En estados como Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, en donde se ha hecho un uso discrecional de los recursos públicos en perjuicio de todos los ciudadanos, los gobernadores que fueron reprobados por la ciudadanía pretenden salirse con la suya a través de dejar a personajes afines a ellos en cargos clave para la fiscalización de sus administraciones.

En Veracruz, por ejemplo, se promulgó la ley por la que se crea la Fiscalía Anticorrupción, cuyo fiscal será transexenal al durar cinco años en el cargo, mismo que será nombrado el próximo jueves, a fin de evitar que lo haga el próximo gobernador. Al mismo tiempo se buscará ratificar al actual contralor, quien cuenta con acusaciones graves ante la PGR por participar en el desvío de 50 mil millones de pesos de fondos federales.

Además de un paquete de impunidad, Javier Duarte también le apuesta a terminar de destrozar las finanzas de Veracruz con la basificación de todo el personal del gobierno estatal, incluidos los aviadores.

En Chihuahua también se creó la Fiscalía Especial Anticorrupción, cuyo titular será nombrado en la recta final de la actual gubernatura y continuará en funciones cuando llegue la nueva administración. Además, se han dado intentos de aprobar mayor endeudamiento irresponsable.

En Quintana Roo, este sábado se designó a Javier Zetina González, primo del ex gobernador Félix González Canto, como titular de la Auditoría Superior del Estado para los próximos siete años, para que sea el responsable de revisar las cuentas y manejo de recursos públicos del saliente gobernador Roberto Borge, mientras que para el mismo periodo al frente de la Fiscalía Anticorrupción se designó a Carlos Arturo Álvarez Escalera, empleado conocido del todavía gobernador.

Acción Nacional insiste en que pese a estas trampas, los hoy gobernadores electos llegarán hasta las últimas consecuencias para que quienes defraudaron a los ciudadanos y a sus estados paguen por lo que hicieron.

Esos malos gobernadores, los que ya se van porque los ciudadanos ya los reprobaron, son los responsables de la grave crisis que se vive en materia de deuda, seguridad, generación de empleos, crecimiento económico, infraestructura, calidad de los servicios públicos, entre otros que tanto afectan y lastiman a la población de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

El PRI, una vez más, demuestra que su compromiso es con sus intereses personales y de grupo, pero de ninguna manera con los mexicanos y con la rendición de cuentas. Hacemos un llamado a que se intervenga desde la federación para evitar que estos paquetes de impunidad lleguen a buen puerto.

De no hacerlo, el gobierno federal mostraría su incongruencia, ya que no se puede por un lado estar hablando de combate a la corrupción y por otro su partido, sus gobernadores, buscando impunidad con los votos de los diputados locales del PRI y sus aliados en los congresos locales.

Ante este tipo de actitudes, Acción Nacional seguirá insistiendo en la necesidad de contar a nivel federal con un Fiscal Anticorrupción verdaderamente autónomo y con autoridad moral que asegure que el combate a la corrupción sea efectivo.

 

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