Mayuli Martínez a favor de reducir en 50% recursos públicos a partidos políticos

Mayuli Martínez a favor de reducir en 50% recursos públicos a partidos políticos

 

(Chetumal, Quintana Roo, 4 de marzo) La coordinadora estatal de regidores del PAN, Mayuli Martínez Simón, se pronunció a favor de que se reduzca en un 50 por ciento los recursos públicos destinados a los partidos políticos, iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN en San Lázaro.

“Serían aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos los que se ahorrarían cada año, recurso más que suficiente para construir dos hospitales completamente equipados, más de 15 mil aulas escolares, o 250 mil becas educativas. Por esto la importancia de que los demás partidos políticos apoyen y aprueben esta iniciativa”, dijo la también regidora Mayuli Martínez Simón.

Para ello, explicó, el PAN propone una reforma a los artículos 41 y 116 de la Constitución, y al 41 de la Ley de Partidos, a fin de disminuir de 65 a 35 por ciento la proporción del salario mínimo vigente, el cual se multiplica por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Añadió que con esta propuesta el PAN es congruente con el tema de la austeridad, ante la crisis económica que vive el país.

Respecto a la manera en que los partidos costearán sus actividades ordinarias, toda vez que reducirá su financiamiento público a la mitad, Mayuli Martínez dijo que, de entrada, cada instituto político deberá “apretarse el cinturón” como lo hace cualquier ciudadano, tratando de ahorrar lo más posible.

“Además, también proponemos que se reincorpore el financiamiento privado para los partidos políticos. Recordemos que esto ya se hacía antes de que se instaurara las prerrogativas a partidos. De hecho durante mucho tiempo acción nacional obtenía su propio financiamiento a través de rifas, sorteos y donaciones de sus militantes. El PAN está dispuesto a regresar a esas prácticas para ya no seguir siendo una carga para la sociedad”, puntualizó.

Sin embargo, recalcó que es de suma importancia aumentar la transparencia en la obtención y uso de estos recursos, a fin de evitar que se involucre dinero del crimen organizado, así como producto de desvío de recursos públicos de las instituciones gubernamentales.

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